Jubilarse en Fuerteventura: cómo tributa en España su pensión británica, alemana u holandesa

La primera declaración de la renta de un matrimonio jubilado en Fuerteventura es donde se encuentran los sistemas de dos países, y donde viven casi todas las sorpresas. Un ingeniero alemán descubre que su pensión pública ahora tributa en los dos países y necesita una deducción; una antigua funcionaria británica aprende que su pensión sigue tributando en el Reino Unido pero, aun así, fija el tipo de todo lo demás que gana aquí; una pareja holandesa comprueba que nadie les retuvo nada durante el año y que toda la factura vence en junio. Nada de eso es un error de nadie. Es la forma en que la tributación por residencia y los convenios que España ha firmado reparten una pensión entre el país que la paga y el país en el que usted vive. Este artículo expone las reglas tal como están en septiembre de 2026: qué hace el IRPF con una pensión extranjera, qué dice cada convenio para los países de los que vienen nuestros clientes, los límites de declaración que atrapan a los pensionistas sin retención, los deberes de información sobre los fondos de pensiones en el extranjero y el lado de la Seguridad Social: cómo reclamar una pensión generada fuera y la asistencia sanitaria que la acompaña.

El punto de partida: residente, luego gravado por su renta mundial

Todo lo que sigue presupone que usted es residente fiscal en España — 183 días en el año natural, o su centro de intereses económicos aquí, como expusimos en nuestro artículo sobre la regla de los 183 días. Un residente tributa en España por su renta mundial, y la propia guía de la Agencia Tributaria para pensionistas lo dice en una frase: «Si una persona física es residente fiscal en España debe tributar en España por su renta mundial, es decir, debe declarar en España las rentas que obtenga en cualquier parte del mundo, sin perjuicio de lo que se disponga en el Convenio para evitar la doble imposición».

Para la ley del impuesto una pensión es rendimiento del trabajo, la pague quien la pague. El artículo 17.2.a de la Ley 35/2006 enumera «las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares» y, aparte, las prestaciones de planes de pensiones, incluidos los regulados por la directiva europea de fondos de pensiones de empleo. Una pensión pública extranjera, una pensión de empresa y una renta privada acaban en la misma base general, gravada por la escala progresiva, junto a un sueldo o a una pensión española si los tiene.

Dos cosas lo suavizan. El rendimiento del trabajo tiene una reducción para las rentas bajas — 7.302 euros al año para rendimientos netos del trabajo de hasta 14.852 euros, que se reduce hasta desaparecer en 19.747,50 euros, siempre que las demás rentas no superen 6.500 euros (art. 20) — y el mínimo personal crece con la edad: 5.550 euros para todos, 6.700 euros a partir de los 65 y 8.100 euros a partir de los 75 (art. 57). La excepción con la que hay que tener cuidado son los capitales: una suma cobrada de golpe de un plan de pensiones extranjero tributa en el año en que llega, y la reducción del 30 % para rentas generadas en más de dos años no se aplica en absoluto a las prestaciones de planes de pensiones y de la Seguridad Social (el art. 18.2 excluye todo el artículo 17.2.a). Rescatar un fondo de pensiones de una vez tras mudarse aquí es, casi siempre, la forma más cara de traerlo a España.

Qué país grava qué: la lógica del convenio

Los convenios de España siguen el modelo de la OCDE, y la página de la Agencia Tributaria para pensionistas extranjeros explica el patrón: dos artículos, uno para las pensiones de un empleo privado y otro para las pensiones pagadas por un Estado por servicios públicos. El primero da casi siempre la potestad al país de residencia; el segundo al país que paga, salvo que el pensionista sea nacional del país de residencia. Cuando los dos países pueden gravar, el país de residencia — España — elimina la doble imposición, mediante una deducción por el impuesto extranjero (art. 80 de la ley: la menor entre lo pagado fuera y el impuesto español sobre esa renta) o, cuando el convenio exime la renta, eximiéndola «con progresividad»: la pensión exenta no tributa aquí, pero se suma a las demás rentas para fijar el tipo que pagan. Una pensión de un país sin convenio tributa aquí sin más, con la deducción del artículo 80 por lo que haya retenido el país de origen.

La tabla siguiente es lo que dicen los convenios para los países de los que vienen nuestros clientes, leídos en los textos publicados en el Boletín Oficial del Estado. «Pensión pública» significa la pensión de jubilación de un sistema de seguridad social; «pensión de función pública» significa la pagada por un Estado o sus subdivisiones por servicios prestados a ellos: funcionarios, docentes de la enseñanza pública, fuerzas armadas, policía.

• Reino Unido (convenio de 14 de marzo de 2013). Pensiones privadas y de empresa y la pensión pública británica: solo tributan en España (art. 17). Pensiones de función pública: solo en el Reino Unido (art. 18.2), pero exentas con progresividad aquí, salvo que usted sea de nacionalidad española, en cuyo caso solo tributan en España. España elimina la doble imposición por deducción cuando ambos pueden gravar (art. 22). En la práctica el Reino Unido deja de retener sobre una pensión privada cuando HMRC recibe su formulario DT-Spain Individual con el certificado de residencia fiscal a efectos de convenio expedido por la Agencia Tributaria.
• Alemania (convenio de 3 de febrero de 2011). Pensiones privadas: solo España (art. 17.1). Los pagos conforme a la legislación alemana de seguros sociales — la pensión pública — «pueden someterse a imposición también en ese Estado» cuando el derecho nace después del 31 de diciembre de 2014, con el impuesto alemán limitado al 5 % del importe bruto para derechos nacidos entre 2015 y 2029 y al 10 % desde 2030 (art. 17.2); el mismo régimen alcanza a otros pagos basados en aportaciones con incentivo fiscal durante más de doce años (art. 17.3). España concede entonces una deducción por el impuesto alemán hasta ese límite (art. 22.1.a). Pensiones de función pública: solo Alemania, exentas con progresividad aquí, salvo nacionalidad española (art. 18.2).
• Países Bajos (convenio de 16 de junio de 1971). Pensiones por un empleo anterior: solo España (art. 19), y la pensión pública AOW acaba en el mismo sitio, se lea bajo ese artículo o bajo la cláusula del convenio para las rentas no mencionadas (art. 23). Las pensiones pagadas por el Estado neerlandés o sus subdivisiones por servicios públicos «pueden someterse a imposición en este Estado» (art. 20.1), y España las exime con progresividad (art. 25.3).
• Italia (convenio de 8 de septiembre de 1977). Pensiones privadas, INPS incluido: solo España (art. 18). Pensiones de función pública: solo Italia (art. 19.2.a), exentas con progresividad aquí, salvo que el perceptor sea de nacionalidad española, en cuyo caso solo España (art. 19.2.b).
• Francia (convenio de 10 de octubre de 1995). Pensiones privadas y de la seguridad social: solo España (art. 18). Pensiones de función pública: solo Francia, exentas con progresividad aquí, salvo que usted tenga la nacionalidad española sin tener a la vez la francesa (art. 19.2).
• Portugal (convenio de 26 de octubre de 1993). Pensiones privadas: solo España (art. 18). Pensiones de función pública: solo Portugal, exentas con progresividad aquí, salvo nacionalidad española (art. 19.2).
• Bélgica (convenio de 14 de junio de 1995). Pensiones, rentas vitalicias y remuneraciones análogas por un empleo anterior: solo España (art. 18). Pensiones de función pública: solo Bélgica (art. 19.2.a), salvo que el perceptor sea residente y nacional de España (art. 19.2.b); España elimina la doble imposición por deducción y, en las rentas exentas, conserva la progresividad (art. 23).
• Irlanda (convenio de 10 de febrero de 1994). Pensiones y anualidades: solo España (art. 18). Pensiones de función pública: solo Irlanda (art. 19.2.a), salvo residente y nacional de España (art. 19.2.b); método de deducción en España (art. 23).

Tres cautelas sobre la tabla. La casilla «función pública» es más estrecha de lo que la gente cree: una pensión por trabajar en una empresa pública se trata como pensión privada en todos estos convenios, y una pensión pública que se paga a todos bajo un sistema de seguridad social nunca es «función pública». La nacionalidad cambia la respuesta en las pensiones de función pública, de modo que una profesora británica jubilada que ha adquirido la nacionalidad española pasa de la casilla británica a la española. Y los convenios reparten la potestad de gravar; no deciden cómo la ejerce el país de origen: el Reino Unido, Alemania o los Países Bajos pueden seguir reteniendo hasta que usted les demuestre que reside aquí, y por eso el certificado de residencia fiscal a efectos de convenio es el primer documento que pedir a la Agencia Tributaria tras su primer año.

Declararla: los límites que atrapan a los pensionistas y la factura de junio

Un empleador o un pagador de pensiones español retiene cada mes; un fondo de pensiones extranjero no, porque solo las personas y entidades que operan en España están obligadas a retener (reglamento del IRPF, art. 76). La página de la Agencia Tributaria para pensionistas extranjeros saca la consecuencia: «el pagador no residente de una pensión extranjera no es un obligado a retener a cuenta del IRPF, por lo que el límite de rentas a partir del que se inicia la obligación de declarar es más bajo que respecto de otros rendimientos del trabajo».

Las cifras, en el texto del artículo 96 vigente en septiembre de 2026: los rendimientos del trabajo de hasta 22.000 euros al año no obligan a declarar, pero el límite baja a 15.876 euros «cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener» (art. 96.3.c), e igualmente cuando la renta procede de más de un pagador y el segundo y siguientes superan 1.500 euros entre todos (art. 96.3.a). Una sola pensión extranjera de 16.000 euros obliga, por tanto, a declarar; una pensión española de 14.000 euros más una extranjera de 3.000 también. Las rentas exentas no cuentan. Y quien aplique la deducción por doble imposición internacional debe declarar en todo caso (art. 96.4, y art. 61.1 del reglamento).

La factura de junio se deriva del mismo hecho. Sin retenciones durante el año, todo el impuesto de la pensión extranjera se paga con la declaración, entre abril y finales de junio. La norma permite fraccionar el importe sin intereses: el 60 % al presentar y el 40 % a principios de noviembre (reglamento, art. 62.2). Un pensionista que también cobre una pensión española puede pedir a su pagador, por escrito, un tipo de retención superior al que le corresponde, y el pagador debe atenderlo (art. 88.5): una forma sencilla de repartir el impuesto de la pensión extranjera a lo largo del año en vez de encontrárselo en junio.

Dos mecanismos más. La deducción por impuesto extranjero se aplica en la propia declaración, guardando el certificado del impuesto pagado fuera para el día en que la Agencia lo pida: la deducción es la menor entre el impuesto efectivamente pagado fuera y el tipo medio español aplicado a la renta extranjera (art. 80). Y la Agencia Tributaria no depende de su memoria: desde 2015 la directiva europea de cooperación administrativa incluye las «pensiones» entre las categorías de renta que los Estados miembros intercambian automáticamente (Directiva 2011/16/UE, art. 8.1), de modo que la pensión alemana, holandesa o italiana que usted cobra ya está en los datos de la Agencia cuando abre su declaración.

Pensiones de incapacidad, y hasta dónde llega la exención

El artículo 7.f exime «las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez». La Dirección General de Tributos ha dicho repetidamente que una pensión de incapacidad pagada desde el extranjero puede entrar en esa exención con dos condiciones: que el grado de incapacidad reconocido allí sea equiparable a la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez españolas, y que la entidad pagadora tenga, según las normas de su país, el carácter de sustitutoria de la Seguridad Social. Las dos las prueba el pensionista, por cualquier medio admitido en derecho, ante los órganos de gestión o inspección de la Agencia. Una pensión de incapacidad parcial u ordinaria de otro país tributa como cualquier otra pensión; una absoluta puede estar exenta, pero solo con el expediente que lo demuestre, y un informe de equivalencia del equipo de valoración de la Seguridad Social española es la prueba que las oficinas suelen aceptar.

Fondos de pensiones en el extranjero: los deberes de información

Los derechos en un plan de pensiones extranjero no están, como tales, en la lista de bienes que se declaran en el modelo 720, la declaración informativa anual de bienes en el extranjero. La respuesta de la propia Agencia Tributaria es precisa: «No existe obligación de información sobre los planes de pensiones (de las aportaciones a los mismos) en tanto no se produzca la incidencia que da lugar al cobro de la pensión en modo de renta temporal o vitalicia». En la misma respuesta siguen dos excepciones: un plan extranjero que permita rescatarlo como un seguro de vida se declara por su valor de rescate, y una vez producida la contingencia — jubilación, fallecimiento, incapacidad — el beneficiario declara los derechos que le queden, por su valor de rescate o como renta, si sigue siendo titular a 31 de diciembre y la categoría supera el umbral de 50.000 euros. Las cuentas, los valores y los inmuebles en el extranjero tienen sus propias casillas en la misma declaración. Desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022 y la ley de 9 de marzo de 2022 que la siguió, un 720 tardío o incompleto lleva solo las sanciones generales de la Ley General Tributaria, no las antiguas multas fijas ni la imputación imprescriptible de renta.

El impuesto sobre el patrimonio es otra declaración y otras reglas; la situación de Canarias para 2026 y el tratamiento de los derechos de pensión los explican nuestros compañeros de Olga Caballero en su artículo sobre el impuesto sobre el patrimonio para no residentes y nuevos residentes, y no los repetimos aquí.

Reclamar la pensión, y el médico

El impuesto es solo la mitad de la mudanza. Si trabajó en más de un Estado de la UE o del EEE, en Suiza o en el Reino Unido, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es el lugar donde reclamar: el Reglamento 883/2004 hace de la institución de su país de residencia el punto de contacto para todos los periodos de seguro que tenga en cualquier sitio, cada país totaliza los periodos para abrir el derecho y paga su propia parte prorrateada (arts. 6 y 52), y el Reino Unido sigue dentro de esa coordinación a través del Acuerdo de Retirada y del protocolo de seguridad social del Acuerdo de Comercio y Cooperación. Cada país paga su pensión por separado, a su edad y con sus reglas; España no completa una pensión extranjera, y el complemento a mínimos de una pensión española se reduce con las pensiones extranjeras que el jubilado también percibe (Ley General de la Seguridad Social, art. 59).

La sanidad sigue a la pensión. Un pensionista de otro Estado de la UE o del EEE, de Suiza o del Reino Unido que no cobre además una pensión española pide a la institución que le paga la pensión el formulario S1, lo registra en la oficina del INSS de su lugar de residencia y después solicita la tarjeta al Servicio Canario de la Salud; el coste lo asume el Estado de la pensión. Quien se muda sin pensión todavía — con un visado no lucrativo, por ejemplo, que nuestros compañeros de Olga Caballero describen en su artículo sobre el visado no lucrativo — llega con un seguro privado hasta que le alcance un derecho por residencia o el convenio especial con la sanidad pública.

El primer año, por orden

• Antes de mudarse: pregunte a cada pagador qué retiene a los no residentes y qué formulario lo detiene; averigüe si alguna pensión es de función pública; pida consejo antes de rescatar cualquier capital.
• Al llegar: padrón y residencia, el NIE y la identificación fiscal, una cuenta bancaria española; el S1 registrado en el INSS si es pensionista de otro Estado.
• Tras el primer año natural de residencia: el certificado de residencia fiscal a efectos de convenio de la Agencia Tributaria, enviado a HMRC con el formulario DT-Spain Individual, a la oficina alemana de pensiones o al pagador neerlandés, para que el país de origen deje de retener lo que el convenio da a España.
• De abril a junio: la declaración de la renta con todas las pensiones — gravadas, con deducción o exentas con progresividad según su casilla del convenio — y el fraccionamiento 60/40 si la factura es grande; desde el segundo año, una retención mayor sobre la pensión española, si la hay, para repartirla.
• De enero a marzo: el modelo 720 si las cuentas, valores, inmuebles o una pensión en cobro en el extranjero superan los umbrales; la declaración de patrimonio donde proceda.
• Cada año: guarde los certificados de impuestos extranjeros, los certificados de las pensiones y los formularios de convenio; las cartas de la Agencia llegan por vía electrónica, y la regla de los diez días que describimos en nuestro artículo sobre las notificaciones electrónicas se aplica a un pensionista tanto como a una empresa. El calendario fiscal de otoño tiene las fechas.

Preparamos la declaración con el convenio aplicado pensión por pensión, las deducciones y las rentas exentas con progresividad en sus casillas, el 720 cuando toca y los certificados de residencia y formularios de convenio para los países de origen; la página de asesoría fiscal describe el servicio y la primera reunión se reserva en línea.

Preguntas frecuentes

Mi pensión pública británica y mi pensión de empresa me las pagan sin impuesto en el Reino Unido. ¿Tengo que declararlas igualmente en España?

Sí, las dos. Según el artículo 17 del convenio de 2013 solo tributan en España, así que entran en su declaración como rendimientos del trabajo en la escala progresiva; que el Reino Unido no las grave es el convenio funcionando, no una exención aquí. Solo una pensión de función pública — funcionarios, fuerzas armadas, policía, enseñanza pública — sigue tributando en el Reino Unido, e incluso esa se declara en España como renta exenta con progresividad, salvo que usted tenga la nacionalidad española.

Alemania grava mi pensión pública. ¿Pago dos veces?

No dos veces enteras. Desde el convenio de 2011 Alemania puede gravar los pagos de su legislación de seguros sociales cuando el derecho nació después de 2014, con un límite del 5 % de la pensión bruta hasta los derechos nacidos en 2029 y del 10 % desde 2030; España también grava la pensión y le concede una deducción por el impuesto alemán hasta ese límite. Una pensión alemana privada o de empresa solo tributa en España; una pensión de funcionario alemán solo en Alemania, exenta con progresividad aquí.

Nadie me retiene sobre mi pensión. ¿Cuándo y cómo pago?

Con la declaración anual, entre abril y finales de junio del año siguiente, porque un pagador extranjero no está obligado a retener el impuesto español. Por eso también el límite para declarar es de 15.876 euros y no de 22.000 en una pensión pagada desde el extranjero. Puede fraccionar el importe, el 60 % al presentar y el 40 % en noviembre, sin intereses, y si además cobra una pensión española puede pedir a su pagador por escrito un tipo de retención mayor que cubra la diferencia durante el año.

¿Tengo que declarar mi fondo de pensiones extranjero en el modelo 720?

No mientras siga acumulándose y no pueda rescatarse: los derechos de pensión no están en la lista de bienes declarables hasta que se produce la contingencia. Una vez que lo cobra, declara los derechos que le quedan — por su valor de rescate, o como renta — si superan el umbral a 31 de diciembre, y un plan que pudiera rescatar como un seguro de vida se declara desde el principio. Las cuentas, valores e inmuebles en el extranjero se declaran con sus propios umbrales, y desde 2022 una declaración tardía lleva solo las sanciones ordinarias.

Datos verificados en septiembre de 2026 (Ley del IRPF, Ley 35/2006, artículos 7.f, 17, 18, 20, 57, 80 y 96 en el texto vigente; su reglamento, Real Decreto 439/2007, artículos 61, 62, 76 y 88; los convenios de doble imposición con el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Italia, Francia, Portugal, Bélgica e Irlanda según su publicación en el Boletín Oficial del Estado; la guía de la Agencia Tributaria sobre pensiones procedentes de otro país, sus folletos por países y sus preguntas sobre el modelo 720; la Directiva 2011/16/UE, artículo 8; el Reglamento (CE) 883/2004; la Ley General de la Seguridad Social, artículo 59). Los umbrales y mínimos son los de la ley vigente en la fecha de publicación y cambian con cada presupuesto; su casilla del convenio depende del pagador exacto de su pensión y de su nacionalidad, y por eso cada caso se lee sobre sus propios documentos.